29.641 afectados en una tarde: Bogotá debe proteger la protesta sin entregar TransMilenio

Una manifestación en inmediaciones de la Universidad Pedagógica afectó a 29.641 usuarios el 2 de septiembre. Un día antes, otro bloqueo cerró temporalmente el Portal Américas y cuatro estaciones. Colombia ya reconoce el transporte público como un servicio esencial y el caso Avianca dejó un precedente sobre la obligación de garantizar su continuidad. Bogotá necesita reglas para que unos pocos no sigan condenando a miles a caminar.

El 2 de septiembre, una manifestación en inmediaciones de la Universidad Pedagógica obligó a desviar rutas TransMiZonales y servicios duales. El balance oficial terminó en 29.641 usuarios afectados.

Un día antes había ocurrido algo parecido en el suroccidente: una protesta obligó a cerrar temporalmente el Portal Américas y las estaciones Tibanica, Laureles, Islandia y Biblioteca Tintal, además de suspender alimentadores.

Dos días. Dos bloqueos. Miles de ciudadanos pagando una protesta que no convocaron.

Ese es el problema.

Cuando bloquean TransMilenio no castigan al alcalde, al Gobierno Nacional ni a una entidad. Castigan al trabajador que llega tarde, al estudiante que pierde clase, al paciente que no alcanza su cita y a la mamá que debe recoger a su hijo.

Por eso llevo meses insistiendo en una bandera muy sencilla: No más bloqueos a TransMilenio. Protestar sí. Paralizar la ciudad, no La protesta pacífica es un derecho constitucional y debe protegerse. Pero de ahí no se desprende que bloquear indefinidamente el transporte público sea un derecho.

La propia Corte Constitucional ha reconocido que una manifestación puede generar afectaciones temporales al espacio público, pero también ha advertido que su ejercicio no puede terminar anulando los derechos de quienes no participan.

Y hay una razón adicional.

La Ley 336 de 1996 define la operación del transporte público como un servicio público esencial, precisamente porque de su continuidad dependen derechos básicos de millones de personas.

Entonces vale la pena hacernos una pregunta elemental:

¿De qué sirve llamar “esencial” al transporte público si cada vez que alguien bloquea una troncal simplemente contamos afectados y esperamos a que decida levantarla? Avianca ya dejó una lección

Colombia ya discutió algo parecido durante la huelga de pilotos de Avianca de 2017.

La Corte Suprema declaró ilegal ese cese, entre otras razones, porque afectaba una actividad considerada servicio público esencial.

Una huelga laboral y una manifestación en Bogotá no son jurídicamente lo mismo. Sería equivocado equipararlas.

Pero el principio sí importa: cuando una forma de presión interrumpe un servicio esencial y traslada el costo a miles o millones de terceros, el Estado tiene la obligación de proteger también a esos ciudadanos.

Esa es exactamente nuestra discusión con TransMilenio.

Los bloqueos producen lo que en economía se conoce como una externalidad negativa: quien toma la decisión no asume todo el costo de esa decisión.]

El costo termina en otro lado.

Horas perdidas. Salarios descontados. Clases canceladas. Citas médicas incumplidas. Negocios cerrados. Familias esperando.

Nuestro seguimiento ya había registrado que, hasta octubre de 2025, 14,5 millones de personas habían resultado afectadas por contingencias y bloqueos que impidieron la operación del SITP.

No estamos hablando de una molestia ocasional.

Estamos hablando de un problema de ciudad.

Bogotá necesita reglas antes del siguiente bloqueo

Por eso propuse blindar TransMilenio y el SITP como servicio esencial mediante un protocolo que permita recuperar rápida y oportunamente la operación.

No significa mandar a la Policía contra cualquier manifestación.

Significa dejar de improvisar.

Bogotá necesita una mesa única entre Gobierno, Policía, Movilidad, Seguridad y TransMilenio; corredores de contingencia previamente identificados; información inmediata a los usuarios; tiempos claros para el diálogo y mecanismos ágiles para restablecer el servicio.

Y cuando aparecen violencia, vandalismo o destrucción de infraestructura, deben existir identificación y consecuencias, con todas las garantías del debido proceso.

También creo en el diálogo. Por eso impulsamos el Frente Urbano por la Paz junto a la Universidad Pedagógica: precisamente para hablar antes de que el conflicto termine trasladándose a estaciones, guardas y usuarios.

Pero dialogar no significa renunciar a la autoridad.

Durante años Bogotá ha creado un incentivo perverso: bloquear TransMilenio funciona porque genera inmediatamente atención.

Si veinte personas pueden detener el viaje de treinta mil para obligar al Estado a escucharlas, el bloqueo termina convirtiéndose en una herramienta demasiado efectiva.

Tenemos que cambiar ese incentivo.

El Estado debe escuchar el reclamo, garantizar la protesta pacífica y abrir canales de diálogo.

Pero también debe garantizar que la ciudad siga moviéndose.

Cuando bloquean TransMilenio, los que pagan son los ciudadanos.

29.641 afectados en una sola tarde deberían ser suficientes para entenderlo.

La protesta pacífica se respeta.

El transporte público también.

¡Hagamos que Bogotá funcione!

Juan David Quintero Concejal de Bogotá